En noviembre de 2017 tuve ocasión de asistir al primer Congreso de Veterinaria y Bienestar animal celebrado en España en Ciudad Real. Me sorprendió el clima que me encontré. Un colectivo profesional polarizado. Las dos Españas, la animalista que habla de la Declaración de los Derechos de los Animales y de abolir la caza con galgos, y la no animalista, partidaria del bienestar animal de los animales desde la cordura, la ponderación y el sentido común.

Escribo mi columna mientras escucho la crónica de muertos por causa de los incendios forestales en Galicia y Portugal. Nuestros vecinos lusos han declarado el estado de calamidad. Y tanto. En junio o julio en el país del fado morían más de sesenta personas atrapados por un fuego en la carretera. En Guadalajara hace unos años más de once muertos y tres desaparecidos.

4.955 municipios españoles tienen menos de 1.000 habitantes empadronados; 2.652 localidades de la España rural languidecen con menos de 500 habitantes. Teruel, parte de Guadalajara, Soria, parte de Zaragoza… han sido bautizados como la ‘Siberia española’.

Los tramos urbanos del río Guadiana a la altura de la ciudad de Mérida y Badajoz deben ser un paraíso para los gansos. La prensa habla de plaga y la verdad, las fotos asemejan una granja al aire libre de ocas, patos y gansos varios.

‘Protección animal’, ‘bienestar animal’, ‘maltrato animal’ son conceptos relativamente nuevos y expansivos que, como una mancha de aceite, atenazan desde otra óptica a todas las actividades que tienen que ver con los animales.

La última reforma del Código Penal de 2015 estuvo motivada, entre otras cosas, para dar respuesta a nuevas formas de criminalidad. El linchamiento público en las redes a toreros, cazadores o gentes del circo es precisamente eso, una nueva forma de ataque criminal contra los derechos de los demás; incitaciones a la violencia, al odio, a la discriminación y a la hostilidad frente a un colectivo, el de los cazadores, por motivos estrictamente ideológicos.