El 31 de diciembre de 2014 finalizó el último plazo concedido a España por la Comisión Europea para la formalización de los planes de gestión de la Red Natura 2000.
La Red ocupa en España una superficie de 147.750 km2 (un 15% de la UE y un 18% de su superficie terrestre total). España alberga 118 tipos de hábitat naturales de interés comunitario (un 51% del total) y 268 especies de interés comunitario de las descritas en el Anexo II de la Directiva Hábitats, además de 125 especies del anexo I de la Directiva Aves. En nuestro país, la Red Natura 2000 está integrada por un total de 1448 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 598 Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPAS) declaradas. La última de estas y más conocida la de Villar de Cañas, multiplicada por mil en superficie por el Gobierno de Castilla-La Mancha para evitar la instalación del cementerio nuclear de Villar de Cañas.
El 27,27% (el 23% según fuentes del Ministerio) del territorio español es territorio Red Natura 2000, con diferencia el mayor porcentaje declarado en cualquiera de los países de la Unión Europea. Francia con un 12,56%, Bélgica con un 12%, Alemania con un 15,47% y Austria con un 14,96% tienen en comparación una superficie que es la mitad porcentualmente que la española. Reunido Unido muchísimo menos, con un 8,55%. En resumen, que casi un tercio de España se encuentra adscrita a la Red Natura 2000, el proyecto de conservación más ambicioso de la Unión Europea. Pese a estos datos, en un estudio realizado por algunas organizaciones conservacionistas, el 85% de la población española a la que se preguntó desconoce qué es la Red Natura 2000.
Más datos. Tan generosa —parafraseando al Secretario de Estado Federico Ramos de Armas— adscripción de espacios protegidos a la Red Natura 2000 ha supuesto que la realización de los planes de gestión de los que obligatoriamente debe dotarse a cada uno de los espacios protegidos sea un trabajo hercúleo, hoy inacabado. Dotar de planificación administrativa e intervenir medioambientalmente en el tercio del país es lo que tiene. Quizá debería haber pensado un poco antes.

En 2012, la Comisión Europea abrió a España ya un primer procedimiento por el incumplimiento de las obligaciones y plazos relacionados con la Red Natura 2000. El procedimiento de Carta de Emplazamiento terminó archivado con el compromiso del Gobierno de la aprobación de la planificación antes del 31 de diciembre. En España, esa obligación, la de la declaración de los espacios protegidos y el desarrollo de su planificación, corresponde además a las Comunidades Autónomas. Otro problema.
A 31 de enero de 2015, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medioambiente reconocía que sólo 518 zonas LIC de las 1448 declaradas contaban con planes de gestión aprobados. Es decir, un grado de cumplimiento de la obligación del 35,4%.
Rehén de su propia generosidad inicial en la declaración de espacios protegidos, el Estado Español recibió en el primer semestre de 2015 una nueva Carta de Emplazamiento de la Comisión Europea. Europa consideraría que el Reino de España estaría nuevamente incumpliendo sus obligaciones y vulnerando con ello las omnipresentes Directivas Aves y Hábitats. Según los datos publicados en medios como ABC o el País, faltarían los planes de gestión de nada menos que 996 áreas de interés comunitario.
La calidad y rigurosidad de muchos de estos planes de gestión, aprobados a contrarreloj en muchos casos, elaborados en un cuarto de hora en otros, no ha pasado inadvertida a la propia Comisión. La Voz de Galicia se hacía eco en el mes de junio del caso de Galicia. Para la Comisión la comunidad gallega estaría dando cumplimiento formal de la ley. Sin embargo, las medidas recogidas en el Plan Director para la Red Natura 2000 resultaban para el organismo europeo «demasiado vagas e indeterminadas» (un brindis al sol para entendernos). Según el mismo medio, la Comisión las calificaba de inadecuadas para los fines de la Red Natura 2000. Galicia tiene incluidas 390.000 hectáreas en la Red Natura 2000, con 59 LIC y 16 ZEPAS.
Como decía, Estado y Comunidades Autónomas han emprendido un rally administrativo para aprobar los planes de gestión pendientes a toda máquina. Los anuncios de un procedimiento de infracción y multas al Reino de España, que se repercutirían a las Haciendas de las Comunidades Autónomas, parece que han resultado estimulantes. Por su parte, WWF Y SEO Birdlife dicen haber traslado a las autoridades europeas su inquietud por la acelerada aprobación de estos planes. En muchos casos podrían ser documentos formalmente correctos, pero con escaso o nulo contenido. Algo parecido a lo que la Comisión ha adelantado ya en el caso gallego. Han arrojado a Europa la piedra de la preocupación por la calidad de los documentos técnicos que vayan dirigidos a cumplir el expediente de los planes de gestión. Y me temo que es posible, que esta vez no les falte razón. Como en otras ocasiones, barrunto, que la precipitación, la megalomanía administrativa y la inadecuación de objetivos y medios en la Administración, nos lleve a nuevos escenarios de denuncias, cartas de emplazamiento, incumplimientos e infracción. Eso a pesar de que el 85% de estos procedimientos terminen archivados.

En noviembre de 2014, el Anteproyecto por el que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recogía en su artículo 52 la inclusión de la información ambiental en el Registro de la Propiedad. Este artículo hace alusión expresa a la inclusión de los terrenos inscritos en la Red Natura 2000. Un reconocimiento explícito a las limitaciones que de facto y de derecho supone la inclusión de una finca en un espacio protegido. Debemos recordar que la declaración de los espacios y límites de los espacios Red Natura 2000 se hizo en su día de espaldas a propietarios y municipios y sin posibilidad contar con los agentes locales.
La realidad es que en estas condiciones la Red, una idea fabulosa en inicio, se encuentra como la propia Unión Europea en un período de crisis. Con estos ingredientes, la generosidad a la que aludía en unas declaraciones el Secretario de Estado, Federico Ramos, al referirse a la superficie designada como Red Natura 2000 por el Estado Español no deja de ser en realidad ceguera o estulticia. Ni las autonomías ni el Estado se han dotado de medios para cumplir con esa autoimpuesta obligación de aprobar planes de gestión para un tercio del país. Otra cuestión será después su seguimiento y cumplimiento.
La Red Natura 2000, lo que se presentó y vendió como una oportunidad, y la posibilidad de ingresos y nuevos recursos económicos, se ha convertido en un lastre o un rodillo en palabras del Dr. Juan Caballero en un reciente y acertado artículo. Una enorme cuenta, que ya vienen pagando propietarios y municipios en forma de prohibiciones y limitaciones, en la mayoría de los casos sin compensación. Si quien contamina paga, quien conserva ¿no debería cobrar?, ¿no debería tener algún tipo de retribución, premio, compensación? Y finalmente, me pregunto, ¿dónde están para la mayoría de afectados los millones de la Red Natura 2000?