Sin la Bermejada hubiera sido impensable que el propio Chaves se rasgara la camisa a las pocas horas del escándalo protagonizado por el ex Ministro de Justicia pidiendo una licencia única, y clamando por este esperpento administrativo. Impensable igualmente que periódico El Mundo dedicara una página entera a un artículo firmado por un catedrático de derecho constitucional que concluía el disparate de la actual distribución competencial. La caza, no es más que la punta de un iceberg llamado Estado de las Autonomías.
Me consta que el gobierno del partido popular se ha tomado en serio este asunto, que lo ha tratado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se ha presionado y se ha hecho desde el Ministerio de Agricultura una intensa labor. De hecho, en el borrador de la futura Ley de Montes, el Art. 38.3: «Las licencias de caza y pesca podrán, si así lo acuerdan las comunidades autónomas competentes, tener validez para el territorio de una o más de ellas». Los funcionarios del Ministerio, y el propio Ministro se han estampado con un muro de hormigón: el muro de las autonomías, en este caso, el muro de la vergüenza, del ombligismo y de la cortedad de miras y de unas administraciones insaciables que han perdido la perspectiva de que ellas no son el fin, sino el medio para lograr el bienestar de sus administrados.
En la reciente jornada Perspectivas de Futuro para el Sector Cinegético, organizadas con el Ministerio, uno de sus representantes nos dijo que se habían cansado, que tiraban la toalla. Un K.O. técnico antes casi de pisar la lona. El gobierno central va a colgar los guantes con la licencia única. No le queda ni un pase y ha decidido dejar de bregar ese toro y pasar a otra faena. Problemas que lidiar no le faltan. El óbito de la licencia única es un fallecimiento fetal, en su misma fase de gestación, un aborto en el seno de la Conferencia Sectorial que había alumbrado alguna esperanza en su futura concepción.
A mí el resultado no me sorprende en un país en que muchas administraciones han dejado de estar al servicio de los ciudadanos y en realidad han convertido en súbditos a sus ciudadanos a través de una fiscalidad prohibitiva y confiscatoria. El caso es que, a cuenta de los 23 millones de euros que recaudan las autonomías en concepto de licencias de caza, los españoles tenemos que sufrir diecisiete miniestados en los que para ejercer una actividad como la caza o la pesca es preciso obtener un permiso diferente (no se plantea con otras actividades como conducir, el esquí, el tenis, el balonmano, las setas, que presentan gran similitud) con casos aberrantes como el de Manolo, un cazador manchego que compró un permiso de ciervo en una reserva cántabra y que fue denunciado por la Junta de Castilla León por carecer de licencia regional de caza cuando al día siguiente de disparar fue —junto a la guardería regional de Cantabria— a cobrar el ciervo que, herido, había ido a morir a Fuentes Carrionas, Castilla y León. La cosa no puede ser más absurda, el incidente no puede ser más indignante.
Se acaba de aprobar la Ley de Unidad de Mercado. A modo de resumen viene a acabar con la necesidad de obligar a una empresa a solicitar licencia en cada territorio en el que se ubique. ¡Cabal! Me parece que en el tema de la licencia única de caza, el gobierno central no puede aceptar la rendición incondicional sin haber iniciado la lucha. En el conflicto tendría el apoyo de toda la sociedad española. Todos estamos a favor de una administración al servicio de los intereses de los ciudadanos y no al contrario: servicio público, ¿recuerdan?
La licencia única es un demanda clamorosa de todos —cazadores y no cazadores—. La licencia única no es más que un ejemplo, una arista más de un problema que amenaza ruina. Es la imagen del cuadro de Goya de Saturno devorando a sus hijos y la imagen de un despotismo administrativo —raras veces ilustrado— versallesco y lleno de tenores huecos con coche oficial, que han llenado de aeropuertos sin aviones y de telarañas las arcas públicas España.
(Publicado en el Diario La Tribuna)