Injuriar a un torero muerto o a un cazador caído es moneda corriente en las redes. Aprovechar la desgracia ajena para vilipendiar a una actividad a través del individuo, la norma. El motivo es claro: escupir al ojo ajeno desde la impunidad de un teclado, o un móvil, sale gratis. Y si hay una condena, lo es simbólica, apenas una multa.
Vilipendiar el derecho al honor es barato en España. Luego están los perfiles falsos, los costes que supone perseguir un hecho así, y por supuesto la lentitud de nuestra justicia, que terminan por desenvalentonar al más bragado.
Las redes se han convertido en un vertedero sin control. El cenagal en el que se lapida al prójimo sin juicio previo. Un infierno de cobardes (Clint Eastwood, 1962). La facilidad para injuriar (insultar), incluso calumniar (imputar un delito a sabiendas de su falsedad) merece la atención del Gobierno. No veo diferencias entre injuriar a un señor por su condición de cazador o torero, o con motivo de su raza, su religión, o etnia. No comprendo la inacción de la Justicia ante un hecho que a veces supone fomentar el odio, la hostilidad o la violencia contra un grupo. En este caso la tribu de los cazadores o los taurinos. Es como si por ser de tal o cual continente nos llamaran asesinos. ¿Permanecería tan callada la opinión pública?
Tanta laxitud y tanta impunidad contra determinados colectivos tendrá sus consecuencias. Aviso. Creo que una de las medidas a impulsar, en lo sucesivo, puede ser que la próxima reforma del Código Penal endurezca las penas o no permita perseguir con efectividad hechos que a cualquiera se nos antojan un exceso. Que llamar idiota en el ámbito doméstico al cónyuge sea delito, y que llamar hijo de puta a un cazador no lo sea, es un dislate. Llamativo que, como injuria, las Fiscalías tengan que quedarse cruzadas de brazos.
En casos graves como los de Victor Barrio o Mario Miguelañez la Fiscalía General del Estado debería, cuando menos, abrir diligencias e investigar, ver si se ha cometido algún delito y así exteriorizar ante la opinión pública que el Estado protege a las víctimas de estas agresiones en las redes. Hacer ver que existen límites. Algo.
La inacción nos conduce al desastre. Y la debacle es que, ante las vejaciones continuas sin castigo, vendrán otras más, y después más. Y así. Un paso al frente en la siguiente reforma del Código Penal es necesario. Urgente que Fiscalía y Justicia tomen cartas en esta partida y enviden. Necesario que nuestra ONC lidere este movimiento.